Con motivo de la Primera Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante, siete instituciones del Estado mexicano formalizaron un Convenio Marco de Colaboración para fortalecer el acceso de las mujeres rurales a la tierra y al reconocimiento pleno de sus derechos agrarios.
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Las autoridad que encabezaron la firma del convenio fueron:
- Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González.
- Representantes de la Secretaría de las Mujeres.
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
- Procuraduría Agraria; el Registro Agrario Nacional (RAN).
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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Coordinación para la garantía de derechos agrarios de las mujeres
Las instituciones firmantes acordaron implementar mecanismos para facilitar el ejercicio efectivo de los derechos agrarios de las mujeres. Entre las acciones definidas se encuentran:
- Jornadas itinerantes.
- Audiencias remotas.
- Caravanas interinstitucionales.
- Procesos de capacitación.
- Diagnósticos con enfoque de género.
- Obra editorial basada en testimonios de mujeres sujetas agrarias.
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Durante su intervención, la magistrada Presidenta señaló la necesidad de una respuesta institucional a la exclusión de las mujeres en el ámbito agrario.
Por su parte, el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, anunció medidas operativas desde las oficinas territoriales para asegurar el acceso a la tierra en condiciones de igualdad.
El director del RAN, Luis Cruz Nieva, hizo énfasis en la articulación de acciones interinstitucionales que permitan traducir los derechos reconocidos en resultados verificables.
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La nueva legislación sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos incluirá un apartado específico sobre los derechos agrarios de las mujeres. Afirmando así que el acceso a la tierra es clave para la soberanía alimentaria, con un existente compromiso institucional de reconocer jurídicamente a 150 mil mujeres.
También se advirtió que la falta de reconocimiento legal en la propiedad agraria mantiene una desigualdad estructural que debe corregirse con acciones concretas y coordinadas.
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