El segundo semestre de 2025 inicia con la aprobación de todo un paquete legal que será un parteaguas en materia de seguridad pública. Este martes, ya para cerrar el periodo extraordinario, el Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, mientras en la Cámara de Diputados se aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la reforma a la Ley de Población que contempla la CURP con datos biométricos.
Vueltas de la vida, las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña buscaron en su momento la aprobación de reformas para permitir intervenciones de comunicaciones, geolocalizaciones sin orden judicial, un registro nacional de teléfonos celulares, o incluir fotografía a la CURP, pero que, por no tener mayoría en el Congreso, no pudieron sacar adelante por motivos políticos. De otra manera no se explica que en su momento PRD, Morena y PT se opusieran con prácticamente los mismos argumentos que hoy esgrimen el PAN, PRI y MC. Ahora, con la amplia mayoría de la 4T, hasta datos biométricos incluirá la cédula.
La inseguridad y violencia que se vive en el país justifica que el Estado cuente con un sistema de inteligencia e investigación criminal que opere con un marco legal que le otorgue más capacidades y herramientas que limitaciones, además de que permita algo tan básico y necesario como por ejemplo, un mayor orden en la adquisición y uso de aparatos de comunicación e internet que permita tener un registro de propietarios de esos equipos y servicios. Algunos alegarán que los criminales engañarán con datos personales que no sean suyos, cierto, pero no por eso es mejor no tener ninguna base de datos.
Comprensible la desconfianza en el mal uso que las autoridades encargadas de la seguridad puedan dar a las nuevas facultades otorgardas, pero el tamaño y presencia de organizaciones y grupos criminales en el país, el número de delitos de alto impacto, el aumento de las extorsiones, son razones de mayor peso para justificarlas, que apelar al riesgo de espionaje y vulneración de la privacidad. Es no querer un “Estado espía” y preferir un Estado inepto.
De parte del gobierno estará demostrar que habrá una supervisión y control estrictos para demostrar que no hay un mal uso de dichas herramientas y facultades y que, por el contrario, cumplen con el objetivo de brindar seguridad y combatir al crimen, esperándose ya no se recurra a las herencias del pasado como pretexto para justificar incapacidades ni indolencias.
Trump gana por un voto y… México paga la factura
Sólo por el voto de calidad del vicepresidente J. D. Vance, Donald Trump consiguió salvar la aduana del Senado en la búsqueda por la aprobación de un presupuesto que más que una propuesta económica se acerca a un manifiesto político.
Un plan fiscal que promete amplios recortes impositivos a las grandes empresas y a los sectores más acaudalados y una clara amenaza para sus socios estratégicos como México. El proyecto no sólo representa un regreso a sus políticas proteccionistas establecidas durante su primer mandato, sino que abre flancos de combate en diversos sectores tanto binacionales como empresariales como lo muestra su nueva confrontación con el hombre más rico del mundo, Elon Musk.
Populista al fin, incluye deducciones sobre propinas y horas extras hasta 2028; aumenta el crédito por hijo hasta 2 mil 500 dólares hasta 2026, y agrega una deducción de hasta 6 mil dólares para adultos mayores dependiendo de sus ingresos. Paralelamente, sube el tope de deducciones por impuestos estatales y locales, lo que favorece a entidades con tasas elevadas.
La cuestión arancelaria también quedó claramente reflejada, aunque no en la magnitud que había estado manejando. Se implementan aranceles de 10 % sobre todas las importaciones, con tasas más altas para naciones con déficit comercial, incluyendo una especie de impuesto de revancha de 20 % para las empresas extranjeras que “traten mal” a compañías estadounidenses.
A nadie le gusta ser la “piñata” de otro, sin embargo, México sigue estando a la cabeza de los castigados. Se destinarán cerca de 350 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza, gastos que serán utilizados para seguir avanzando en la construcción de un muro, para el ICE y 10 mil nuevos agentes.
Pero como nada en esta vida es gratis, el déficit habrá de crecer entre 3 y 4 billones de dólares durante la próxima década y la deuda pública se vería incrementada de 98 % a 124% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2034.
Finalmente, se mantuvo el impuesto del 1 % aplicable a las remesas en envíos en efectivo. Por lo pronto los migrantes ya empezaron a reducir el monto de sus envíos, de acuerdo al Banco de México durante mayo se recibieron 5 mil 360 millones de dólares variación que no se había registrado desde el mismo mes, pero de 2013.
El Plan Fiscal volvió a abrir una brecha, quizá ya insalvable, entre Trump y Musk. Este último califica el proyecto como una abominación llena de favores partidistas que destruirá millones de empleos, un documento políticamente suicida para los republicanos.
El impuesto generalizado de 10 % es algo que tendría que tener preocupados a autoridades y empresarios de este lado de la frontera ya que encarecerá insumos clave en sectores como el automotriz, el agroindustrial y el tecnológico. Para una economía tan estrechamente vinculada como la nuestra, el arancel no sólo amenaza con debilitar la competitividad sino también romper con las cadenas de valor construidas a lo largo de las décadas.
Inversión privada: ¿una solución para la inversión pública?
El llamado del ingeniero Carlos Slim Helú, empresario que alguna vez fue considerado el hombre más rico del mundo, para que la iniciativa privada tenga más participación en el desarrollo económico del país podría marcar la pauta para que muchas compañías inyecten capital en infraestructura, ante la situación adversa que enfrenta la inversión pública en México.
Este martes durante un foro organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros con motivo del Día del Ingeniero, el presidente vitalicio de Grupo Carso advirtió que el gobierno federal no cuenta con dinero suficiente para la inversión pública por lo que es necesario que la iniciativa privada tenga mayor participación para lograr crecimiento y empleo.
Pero sin duda, uno de los puntos más relevantes que trató Slim Helú durante su participación fue que es necesario encontrar una solución para que Pemex resuelva la situación financiera que tiene actualmente, con la finalidad de que no deje de producir ni pagarles a sus proveedores, lo que ha originado que las empresas frenen proyectos y se retiren.
La presidenta Claudia Sheinbaum hace algunas semanas ya señalaba la posibilidad de que Pemex realice contratos mixtos con diferentes empresas, como Grupo Carso, lo que forma parte de las nuevas leyes que se aprobaron recientemente en las que se contempla el pago del derecho para el bienestar, los gastos de operación y lo que resta se divide entre la ganancia privada y de la paraestatal.
Indiscutiblemente, las declaraciones del dueño de Telmex cuentan con la solvencia empresarial suficiente para hacer eco en el sector privado, lo que contribuiría en el desarrollo económico y social de México, particularmente en rubros como la infraestructura y el abatimiento contra la pobreza.
Solo nos falta confirmar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo dicho por el magnate mexicano, quien siempre se ha caracterizado por promover una visión positiva de la inversión privada en los proyectos productivos que buscan el desarrollo de México. Triste sería ver que la postura gubernamental fuera en otro sentido.
Equipos de trabajo intergeneracionales
9 de cada 10 colaboran con personas de distintas generaciones en su lugar de trabajo de acuerdo al último “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea. Desde “baby boomers” hasta generación Z, pasando por X y Millenials, los equipos laborales son cada vez más diversos en edad, experiencia y perspectivas.
Esta riqueza generacional plantea grandes oportunidades para la colaboración, el aprendizaje y la innovación, pues sólo 5 % de los encuestados dijo que la mayoría de sus compañeros son de una edad similar.
El 37 % opinó que el mayor beneficio de formar parte de un equipo intergeneracional es que se genera un ambiente dinámico y de aprendizaje continuo; el 35 % que aporta una visión más integral para la toma de decisiones; el 16 % consideró que se reducen los sesgos y hay una mayor diversidad de habilidades; el 7 % afirmó que la convivencia intergeneracional potencia la innovación y la creatividad, mientras que sólo el 5 % considera que no hay beneficios relevantes.
Asimismo, 40% de los supervisores y coordinadores valora la diversidad generacional por su aporte a una visión más amplia al momento de decidir, mientras que el mismo porcentaje de los analistas y ejecutivos reconoce que esta convivencia fomenta un entorno de constante aprendizaje.
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