La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) publicó un comunicado en conjunto con las cámaras empresariales Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en el que expresan su posición sobre la propuesta de entregar viviendas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra y precios subsidiados.
Esta iniciativa busca formalizar la tenencia de inmuebles sin vínculo legal con los actuales ocupantes.
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Las organizaciones firmantes exigieron que se respete el marco jurídico vigente y se protejan los derechos patrimoniales de los trabajadores. Afirmando que el Instituto no puede transferir propiedades que no le pertenecen sin transgredir derechos de terceros.
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Según datos de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas, el 86% están ocupadas por personas sin relación jurídica con el INFONAVIT ni con los propietarios legítimos. Las organizaciones señalaron que permitir que estos inmuebles se adquieran por debajo de su valor real sentaría un precedente perjudicial para la legalidad.
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Implicaciones de la propuesta sobre viviendas y derechohabientes
Los organismos empresariales informaron que el INFONAVIT registra un deterioro financiero desde 2015. Indicaron que la morosidad subió del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y que, al incluir los créditos segregados, el deterioro alcanza un 32%. En ese contexto, expresaron que aplicar esquemas de regularización a viviendas ocupadas de manera irregular podría agravar la situación financiera del Instituto.
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En el comunicado se expreso la inquietud ante la posibilidad de extender a ocupantes sin vínculo jurídico la política aplicada a acreditados con pagos vencidos. Señalaron que muchas de estas viviendas forman parte del patrimonio de personas con obligaciones activas o con compromisos ya cumplidos.
El 18 de junio, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la propiedad privada está protegida y que no se busca retirar viviendas a quienes tienen derechos sobre ellas. Las organizaciones pidieron al INFONAVIT que sus decisiones operativas sean coherentes con esa postura.
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