Al escuchar sobre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo primero que viene a la mente son carreteras, puertos y aeropuertos, ferrocarriles, satélites, telefonía, y un amplio etcétera. No en escuelas, las cuales caen en la cancha de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y es cierto… parcialmente.
Resulta que desde este sexenio, es responsabilidad de la SICT, que dirige Jesús Antonio Esteva, la revisión y rehabilitación de escuelas. El tema cayó en el área con más experiencia en la materia de la Secretaría, la Dirección General de Servicios Técnicos, que encabeza Laura Suárez Medina, maestra en ingeniería y la primera mujer certificada en seguridad estructural en México, área que establece los lineamientos para la construcción y el buen desempeño de carreteras y, ahora también, para las escuelas.
En desayuno con los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Súarez Medina explicó que, cuando la presidenta fue jefa de Gobierno de la CDMX, se implementó el Programa de Revisión y Rehabilitación de escuelas, y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es aplicarlo en todos los estados, para que todos los planteles escolares cuenten con buenas condiciones de seguridad estructural. Esto implica hacer un diagnóstico de las condiciones de seguridad estructural en que se encuentran las escuelas existentes, y de ahí, en los casos que se requieran, proyectar e implementar un proyecto de rehabilitación. En ello, la Dirección General de Servicios Técnicos ha iniciado por dar prioridad a zonas urbanas y por región sísmica, la cual en su mayoría coincide con vulnerabilidad con eventos meteorológicos, con la meta de revisar todas las escuelas del país.
Otra acción a realizar es analizar las condiciones de los Directores Responsables de Obra (los famosos DRO) y los Corresponsales en Seguridad Estructural (CSE) en todo el país, para que estén certificados a nivel nacional. En este tema, el Colegio de Ingenieros Civiles de México manifestaron su disposición para colaborar en lo que respecta al desarrollo, capacitación, actualización profesional y certificación técnica de dichas figuras. Cabe señalar que la propia directora General de Servicios Técnicos ha impartido clases en el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica (CAPIT) que depende del Colegio.
Despojo, impunidad y ausencia del Estado de Derecho
Uno de los delitos que más laceran a una sociedad es el de despojo, porque implica explícitamente el arrebato de una posesión legítima sin un proceso legal en abierta violación al artículo 27 constitucional; erosiona la confianza en el sistema de justicia; genera dudas respecto a la honestidad de las autoridades, coloca a las personas en un estado de vulnerabilidad privándolas de un hogar e incluso puede llegar a escalar a conflictos sociales altamente volátiles.
Dos importantes diarios de circulación nacional (Reforma y Milenio) se dieron este lunes a la tarea de publicar sendos reportajes sobre el delito de despojo, una actividad criminal que durante mucho tiempo se mantuvo lejos de la opinión pública pero que en los últimos meses, tras el caso de Doña Carlota, la anciana en Chalco que decidió tomar justicia por su propia mano, tomó amplia visibilidad.
De acuerdo a las fuentes citadas, entre ellas el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras son alarmantes: 7 mil 174 denuncias en el primer trimestre del año (con un subregistro que de acuerdo al INEGI podría alcanzar el 90%), el 18% en el Estado de México con mil 292 carpetas de investigación abiertas. Catorce agrupaciones identificadas que van desde las sociales, sindicales e incluso, ya de plano, organizaciones criminales qe durante años han hecho “de las suyas” sin que la autoridad les ponga un freno.
Las diferentes fuerzas políticas en el Estado de México han presentado algunas propuestas para tratar de frenar este ilícito, sin embargo aún no se ha concretado ninguna. Destaca el incremento de agravantes cuando el delito se cometa con violencia o cuando participen funcionarios públicos; reducir el tiempo de restitución de propiedades recuperadas; incluirlo como un delito grave en el Código Penal Estatal; campañas preventivas y asesoría jurídica especializada por mencionar solo algunas. Dada la gravedad y lo imperativo del problema esta claro que los diputados tendrían que ponerle más empeño.
Desde el Ejecutivo poco se habla acerca de la persecución criminal. Cuando se le ha inquirido a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema, ha revirado remitiendo la respuesta hacia las fiscalías locales, eso sí, no ha desaprovechado la oportunidad para hablar de un tópico más rentable, el de las propiedades recuperadas y reintegradas a sus legítimos dueños particularmente en comunidades indígenas. Una posición similar mantiene en el Estado de México la gobernadora Delfina Gómez.
Lo cierto es que en términos generales la respuesta institucional ha sido muy pobre. De muy poco sirve la denuncia y persecución cuando existen múltiples fallas estructurales en el sistema penal, que pudieran agravarse con la transición a un poder judicial poco avezado, la corrupción así como la ineficiencia registral y notarial.
La mayoría de los “blancos” seleccionados son personas mayores, sin familia, que poco pueden hacer frente a grupos organizados que cuentan con una gran infraestructura y logística para realizar sus fechorías. El Estado es su único medio de defensa para enfrentarlos, de forma tal que, si este no cumple con sus funciones, seguirán siendo presa fácil de los criminales.
Intercambio de ingeniería terrestre entre México y Portugal
En el marco del 11º Congreso Rodoferroviario Portugués -el más importante del sector en el país lusitano y donde México fue el país invitado-, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), presidida por Juan José Orozco y Orozco, y el Centro Rodoferroviario Portugués (CRP), organizador del congreso y que preside João Portela, firmaron una carta de intención para impulsar el intercambio de conocimiento entre México y Portugal.
En su ponencia, Juan José Orozco, presentó un diagnóstico claro de la red carretera del país, así como los retos y proyecciones del llamado “Plan México”, subrayando en su ponencia que la calidad de nuestras vías no es un tema técnico, sino una cuestión de productividad, seguridad y desarrollo regional.
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