Mucho del futuro de los mares se esta definiendo en Niza, Francia, en donde bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representantes de 130 países, incluidos jefes de Estado, científicos, investigadores, ambientalistas, representantes del sector privado y comunidades indígenas, buscan encontrar una medida para frenar el cambio climático, la sobrepesca y la creciente contaminación por plásticos que amenaza a millones de especies marinas y a la existencia misma del ser humano.
Desmemoriados, se nos olvida que más de la mitad del oxigeno que respiramos se origina en estas inmensas porciones de agua que absorben el 30% de las emisiones de dióxido de carbono y capturan el 90% del exceso de calor generado por éstas. El calentamiento global esta elevando la temperatura de los mares, alterando los patrones migratorios de muchas especies, además de dañar los arrecifes de coral hábitat de muchos otros ejemplares marinos. Cualquier meta fijada para enfrentar el cambio climático, atraviesa por el buen estado de salud de los océanos.
Otro de los puntos clave del encuentro se centra en la pesca global, partiendo del hecho irrefutable que el 35.5% de las poblaciones marinas, a nivel mundial, están sobreexplotadas con cifras alarmantes en el Mediterráneo (64.9%); la costa oeste de Sudamérica (53.6%) y África occidental (52.6%). Uno de los objetivos es encontrar una fórmula para garantizar un futuro sostenible para los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Se estima que cerca de 600 millones de personas precisan total o parcialmente de la pesca y la acuacultura para su sustento o seguridad alimentaria, particularmente en países en desarrollo. La pesca es fuente de proteínas animales para más de 3 mil 300 millones de personas en el mundo, siendo la única en islas y zonas costeras.
Los deshechos inorgánicos, particularmente los plásticos siguen siendo un problema difícil de resolver. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año llegan a los mares 11 millones de toneladas de estos materiales, cifra que pudiera triplicarse de aquí al 2040 si no se aplican medidas contundentes; además que pueden tardar siglos en descomponerse sus partículas representan no sólo un peligro para la vida marina, son un creciente riego, a través de la cadena alimenticia, para el ser humano que ingiere así sustancias tóxicas y disruptores endocrinos.
Por lo pronto el primer objetivo ya se cumplió. Con la ratificación de más de 60 países, anunciado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue aprobado el Tratado de los Océanos que regula jurídicamente los mares en aguas internacionales, algo de relevancia capital en zonas amenazadas por la minería submarina, el transporte marítimo, así como otras áreas de explotación que hoy carecen de un marco legislativo. Las medidas entrarán en vigor a partir de enero próximo.
México, representado en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos 2025, por Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se puso como meta proteger un mínimo del 30% de zonas marinas, incluyendo el gran acuífero Maya y el Golfo de California, con el fin el propósito de desarrollar una acuacultura regenerativa, reconociendo que, en armonía, el mar también puede ser productivo. Paralelamente, señaló, se desarrolla una campaña de limpieza en costas y playas para eliminar el 100% de los plásticos en los litorales.
Cárteles contratan exmilitares colombianos
A fines de mayo, a raíz de la muerte de seis soldados por la explosión de una mina en el municipio de Los Reyes, en Michoacán, donde hace frontera con Jalisco, fueron detenidas 17 personas con armas y equipo táctico, 12 de ellas de origen colombiano, señalados de pertenecer al Cártel de Los Reyes, uno de los grupos delictivos locales enfrentados en la región con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su última participación en la mañanera, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que en lo que va de la actual administración, México ha negado la entrada al país a 1,752 colombianos, 69 de ellos para prevenir el riesgo de que se vinculen con organizaciones criminales, el resto por otros motivos, presumiblemente cuestiones migratorias. Obviamente, no se sabe cuántos han logrado entrar ilegal o legalmente, cuando no se estaba poniendo atención al problema.
El fenómeno no es nuevo. Por lo menos desde 2022 se han identificado exmilitares colombianos colaborando con organizaciones criminales internacionales como los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, pero también con grupos locales, como los Cárteles Unidos en Michoacán -incluido el de Los Reyes-, o el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
Esto implica no sólo que actúen como sicarios, sino también que participen en el entrenamiento de manejo de armas y explosivos, que han resultado en casos como el coche bomba que estalló en Celaya en marzo de 2020, o las minas localizadas en el occidente de la región de Tierra Caliente en Michoacán, y que han cobrado vidas de civiles, policías y militares.
La posibilidad de retirarse jóvenes, con 20 años de servicio y las pensiones bajas, son algunas de las razones por las que estos exmilitares sudamericanos altamente capacitados y con experiencia contrainsurgente, son contratados por empresas de seguridad privada para fungir como guardias, escoltas o mercenarios, y también por organizaciones criminales, como es el caso de los cárteles mexicanos. Se trata sin duda de un tema a atenderse por autoridades de ambos países y que, en el caso de Colombia, es un problema multinacional, encontrándose colombianos en lugares tan lejanos como Ucrania, Medio Oriente, África, y tan cercanos como México.
La irrupción en Guatemala
El dilema entre el ser y el deber ser ha generado polémica entre usuarios de redes sociales ante la respuesta del Gobierno de México a la irrupción de policías de Chiapas en territorio de Guatemala, ocurrida el domingo pasado en la frontera con el país centroamericano, cuando agentes estatales perseguían a posibles integrantes de un grupo criminal.
Luego de lo ocurrido, las autoridades guatemaltecas expresaron su protesta a través de una nota diplomática, donde señalaron que la incursión mexicana a su territorio “fue llevada a cabo fuera de los mecanismos de coordinación entre ambos países, puso en riesgo la vida de civiles y no contribuye a las relaciones de buena vecindad”.
Casi de inmediato, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que ofrecía una disculpa al gobierno guatemalteco por los hechos ocurridos en el límite internacional, a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc – La Mesilla.
Si bien es cierto que la irrupción de policías mexicanos en territorio del vecino país del sur viola la soberanía de Guatemala y los tratados internacionales en la materia, cibernautas aprobaron la incursión mexicana al argumentar que tomaron la decisión correcta al abatir a los probables delincuentes.
Pero más allá de que debieron actuar diplomáticamente o no, la pregunta es muy sencilla, si se hubiera tratado de agentes estadounidenses quienes irrumpieran en territorio nacional para detener a narcotraficantes que huían a nuestro país, ¿nuestra respuesta como ciudadanos habría sido la misma?
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