Muchas cosas están pasando en la relación bilateral México-Estados Unidos en las que nuestro país, lejos de aparecer como protagonista, luce como un tímido espectador que aguarda a que termine la puesta en escena para poder aplaudir, ya sea que le guste o que no le satisfaga el final.
A las decisiones unilaterales como la vigilancia de drones en la frontera norte; la recepción de familiares de Joaquín Guzmán Loera por parte de autoridades del FBI en territorio norteamericano, o el retiro de la visa a una gobernadora y su esposo, sin mediar explicación alguna, y de las que la administración se entera a través de la prensa; amanecimos la mañana del martes con la noticia de que se habrá de adelantar la fecha en que ambos gobiernos harán una revisión exhaustiva del T-MEC, algo que, según ha sugerido el propio Donald Trump, se trataría más que de una revisión de una renegociación.
Pese a lo conveniente que esto pueda resultar, como señaló el secretario de Economía Marcelo Ebrard, lo cierto es que no se anticipa nada bueno, porque queda claro que esa iniciativa no surgió en territorio mexicano y que habremos de perder, antes de tiempo, las pocas ventajas que nos ofrecía el acuerdo comercial para terminar bordando un traje a la medida de las pretensiones del magnate estadounidense.
No es precisamente el mejor momento para nuestro país que quedará en la línea de fuego una vez que se reanude la guerra comercial entre China y Estados Unidos, habida cuenta que la administración de Trump ha señalado en repetidas ocasiones a México por prestarse a la triangulación de productos del gigante asiático en una especie de “lavado” para ingresar a su territorio con etiqueta T-MEC.
Otro de los asuntos que va a generar polémica será el de los automóviles. Trump se queja de que muchas armadoras se han trasladado a México en perjuicio de los trabajadores de su país, por lo que buscaría aplicar aranceles o cupos a algunas líneas de vehículos o autopartes, enfocándose en aquellos que no cumplen con la cuota de contenido estadounidense.
Tras declarar al aluminio y al acero como materiales de seguridad nacional, no se ve lejano que intentará dejarlos fuera del acuerdo para poder imponer tarifas libremente sin limitaciones como en los hechos, arbitrariamente, ya empezó a ocurrir.
Los productos de bajo valor manufacturados en México también resultarían afectados, Trump podría fácilmente denunciarlos por dumping o competencia desleal, lo que impactaría severamente a los productores mexicanos.
Un nuevo acuerdo conllevaría necesariamente cláusulas políticas entre las que seguramente se condicionaría al acuerdo a ciertas variables, de valoración ambigua, como la lucha contra el narcotráfico, particularmente el fentanilo, o los flujos migratorios que atraviesan por nuestro país.
Una renegociación del acuerdo generaría una gran distorsión en uno de los mercados con mayor dinámica comercial en el mundo, las cadenas de suministro integradas en Norteamérica dependen de la estabilidad del acuerdo, cualquier movimiento conllevaría un riesgo potencial que pudiera resultar devastador para ambas economías.
La visa como arma política
Hasta este fin de semana, el caso más conocido de visas estadounidenses revocadas, fue el del grupo “Los Alegres del Barranco” por andar cantando narcocorridos a favor del “Mencho” en marzo pasado, lo cual fue anunciado por el propio subsecretario de Estado Christopher Landau, lo cual fue una advertencia para intérpretes y agrupaciones afines al género.
Se pasó del ámbito de los espectáculos al de la política. En abril se dio a conocer que al presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, le informaron en la frontera que no podía cruzar porque se le había retirado la visa, por lo que la expectativa estaba en quién sería el primer político de alto nivel al que le ocurriría lo mismo. Y le tocó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres.
La mandataria lo atribuye a cuestiones administrativas y niega haber cometido delito alguno, aunque en su último mensaje ya no hizo defensa de su esposo como el primer día cuando, de hecho, lo primero que se supo era que le habían revocado la visa a Torres Torres. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se solicitaría información a Estados Unidos, aunque cada país tiene el derecho de otorgar o negar visas a discreción, sin dar explicaciones, y puede haber muchos motivos, no sólo relacionado con actividades delictivas. Lo que se supo después, es que dos bancos en San Diego cancelaron cuentas del matrimonio Torres Ávila.
Marina del Pilar da por cerrado el tema, aunque pasará como “lame duck” -política débil-, lo que le resta a sus casi dos años de administración que le queda, no sólo por ser gobernadora, sino por tratarse de la mandataria de un estado fronterizo con intensa relación bilateral, y que parte de su vida la hacia en California. Sólo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le supera en desprestigio.
Y lo que queda abierto es quiénes siguen, porque necesariamente es plural. Se habla de una lista del secretario de Estado, Marco Rubio, donde supuestamente figuran 44 nombres y hasta se mencionan algunos que ya desde hace semanas se presumen casi como imputados de delitos en Estados Unidos, entre ellos Rocha Moya. Lo cierto es que, hasta este fin de semana, a nadie se le habría ocurrido que en la “lista” -si es que existe-, estuviera la mandataria bajacaliforniana.
Internacionalmente, el retiro de visa más conocido es el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalado de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña, además de las versiones de ser consumidor de drogas. Otros casos de revocación de visas se han registrado en Costa Rica ha políticos, funcionarios y otras personalidades que se manifestaron en contra de excluir a empresas chinas de dar servicio de telecomunicaciones, entre ellos el expresidente y premio Nobel, Oscar Arias.
Que no quepa duda de que Estados Unidos seguirá usando la visa como un arma política, para desacreditar o vetar a quienes no coincidan con sus intereses.
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, a la vanguardia
De alta relevancia para el mundo de la infraestructura resultará la realización del Congreso Nacional de Ingeniería Civil “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre próximos.
El Congreso, que tendrá como país invitado a Inglaterra, servirá como punto de encuentro para ingenieros, especialistas y académicos, de acuerdo con Mauricio Jessurun Solomou, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) que celebra su 80 aniversario.
Entre los temas principales del evento, se hablará de la creación de proyectos de infraestructura, vivienda y edificios corporativos en la zona metropolitana, inteligencia artificial en la ingeniería civil, novedades en materiales y técnicas de la construcción, decisiones financieras, futuro de la infraestructura en México y manejo sustentable del agua.
Como parte de las ponencias y conferencias magistrales, el congreso también versará sobre los retos y oportunidades del marco legal de la infraestructura en México, la formación y actualización de ingenieros, el monitoreo del comportamiento de estructuras, el futuro sostenible de las ciudades y la innovación en la ingeniería.
Y lo más importante, es que el congreso fungirá como un espacio de reflexión técnica, análisis multidisciplinario y diálogo inter generacional en el que se presentarán innovaciones tecnológicas, ideas creativas y procesos constructivos que permitirán planear el futuro de la infraestructura en México con soluciones técnicas.
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