La entrada en vigor del Impuesto a los Servicios Digitales (DST) en Canadá introduce nuevos elementos en el entorno comercial de América del Norte. La medida, con efecto retroactivo desde 2022, se dirige principalmente a empresas tecnológicas de gran escala, en su mayoría estadounidenses.
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Su implementación coincide con compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe aranceles digitales y promueve condiciones fiscales no discriminatorias entre los países firmantes.
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El gobierno de Estados Unidos expresó su desacuerdo con el impuesto y analizó posibles medidas de respuesta. Esto genera un escenario de tensión institucional y obliga a revisar el alcance del Capítulo 19 del tratado que está enfocado principalmente en el comercio digital y la neutralidad tributaria.
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México ante el escenario del impuesto digital
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) señaló que el impuesto puede afectar el entorno digital de la región.
Advirtió sobre posibles distorsiones en la integración económica si las medidas fiscales se aplican de manera unilateral. Incluso subrayó que las decisiones en materia tributaria digital deben abordarse a través de mecanismos multilaterales que garanticen certidumbre jurídica y equilibrio entre los socios comerciales.
La organización llamó a las autoridades mexicanas a participar activamente en los canales institucionales del T-MEC. Propuso facilitar un diálogo técnico que permita revisar el impacto del DST y explorar alternativas fiscales compatibles con la transformación digital global.
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Según el análisis de la Confederación, el efecto del impuesto no se limita a grandes empresas. También podría influir en pequeñas unidades productivas, consumidores y cadenas de valor que dependen de plataformas digitales. En ese contexto se considera necesario fortalecer la coherencia normativa regional.
La postura enfatizó la importancia de contar con reglas claras, proporcionales y acordadas que acompañen el desarrollo digital sin afectar la competitividad ni la estabilidad jurídica de los actores económicos en América del Norte.
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