El domingo pasado, policías estatales chiapanecos de la corporación de élite “Pakal” que perseguían a un grupo de delincuentes, que los habían emboscado previamente en Frontera Comalapa, cruzaron hasta Guatemala, donde continuaron la balacera en un poblado fronterizo del departamento de Huehuetenango, resultando muertos cuatro de los criminales.
La persecución en caliente no justifica la violación a la soberanía del país vecino, pues la imprudencia no fue sólo cruzar la frontera, sino continuar una balacera en las calles de un poblado, donde afortunadamente no hubo víctimas inocentes, lo cual hubiera agravado el incidente.
Lo que sorprende es que no ocurriera antes. La frontera sur se ha convertido desde hace unos años en una zona de disputa para las organizaciones criminales como ruta para el tráfico de drogas y personas. La violencia llegó a niveles que hace un año, de manera inédita, cientos de mexicanos dejaron sus comunidades en Chiapas y se refugiaron en Guatemala, que no por pacífica es más segura y con menos presencia de narcotráfico.
Para fines del 2024 hubo una reducción en los hechos violentos en Chiapas, debido a dos factores: el primero, el nuevo gobierno estatal de Eduardo Ramírez nombró como secretario de Seguridad a Oscar Aparicio Avendaño, a quien se atribuyó la baja de homicidios en Zacatecas, donde estuvo como subsecretario de Seguridad, y que ahora en su tierra natal parece estar dando resultados. El segundo, probablemente el principal aunque sin confirmar, el repliegue de los integrantes del Cártel de Sinaloa hacia Culiacán, cuando se inició el enfrentamiento entre Chapitos y Mayiza, dejando Chiapas a merced del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Algo ha de saber el gobernador Eduardo Ramírez quien, en un arranque de independencia, habló de colusión entre autoridades guatemaltecas con organizaciones delincuenciales, pero no va a ser justificando que policías chiapanecos crucen la frontera como se va a resolver el problema de la presencia del crimen organizado en la zona. Se necesita una coordinación entre gobiernos de ambos países que baje hasta nivel local, para combatir a organizaciones criminales que saben utilizar las fronteras para estar a salvo. Se supone que la coordinación ya existe, con un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, pero falta involucrar al gobierno de Chiapas.
La sombra de California sobre Texas
Si alguna característica tiene Donald Trump es la de volver lo sencillo complicado, la de enturbiar lo diáfano. El imperio de las vísceras por sobre la mente que redunda en acciones caprichosas, imposibles de predecir porque carecen de toda lógica.
Su unilateral operativo antinmigrante en California, que terminó en violentas protestas, pudiera acarrear consecuencias que implicaran su propagación hacía buena parte del territorio estadounidense, independientemente del color partidista al que representan. Tal es el caso de Texas, la segunda economía más importante dentro de la Unión Americana, de filiación republicana, pero con una alta población de orgien mexicano que se sumó a las marchas para condenar los operativos realizados el fin de semana pasado en Los Angeles.
Ser migrante en un estado demócrata es por mucho muy distinto a serlo en una plaza republicana cuyos gobernadores han cerrado filas con las medidas arbitrarias decretadas por Trump. De entrada, en Texas, la administración de Greg Abbot implementó la operación Safeguard, dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuya misión central es detener y expulsar rápidamente a migrantes indocumentados, particularmente en ciudades consideradas santuario (pese a que la legislación local las proscribió) como son Houston y Austin. Paralelamente restringió las protestas en espacios públicos y fue el primero en declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera.
100 mil migrantes han sido trasladados a ciudades santuario en otros estados como Washington D.C., Nueva York o Chicago bajo la operación “Lone Star” que busca evidenciar ante el gobierno federal la realidad de una crisis migratoria y el tráfico humano que esta conlleva.
La probabilidad de que los estallidos sociales se propaguen a Texas no se vislumbra muy lejana, las constantes operaciones del ICE han generado miedo e indignación en comunidades enteras que tienen ya muchos meses viviendo al límite, particularmente en Houston, Dallas y El Paso, en donde se han reportado detenciones en escuelas, iglesias y hospitales. El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la revocación del Dream Act estatal han dejado a decenas de miles de personas en situación de alta vulnerabilidad así como el cierre de albergues y la reducción de ayuda humanitaria. Todo un caldo de cultivo para que trabajen los grupos de mexico-estadounidenses, porque los indocumentados, esos se encuentran escondidos.
A todo esto, en México la diplomacia camina en terreno minado. Desde Washington la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, denunció a la presidenta Claudia Sheinbaum por alentar las protestas en Los Angeles. A través de sus redes sociales vino la respuesta: “Es absolutamente falso… Condeno claramente las manifestaciones violentas”.
Van por los Chapitos
Todo indica que el gobierno del presidente Donald Trump va por los Chapitos cueste lo que cueste. En ese escenario, no sería de extrañarse que la captura de los dos hijos de Joaquín Guzmán Loera que aún se encuentran prófugos, sea pronto, quizá en condiciones similares a la detención del Ismael Zambada, con la clara participación de autoridades estadounidenses.
Hace unos días, la DEA advirtió, por medio de un reporte, que la fracción del Cártel de Sinaloa bajo el mando de los “Chapitos” y el Cártel Jalisco Nueva Generación formaron una alianza para incrementar el tráfico de drogas de México hacia el vecino país del norte, con la finalidad de buscar una alternativa de capitalización luego del rompimiento de la organización criminal de Badiraguato, ocasionada por la captura de Ismael el “Mayo” Zambada.
Este fin de semana, comenzó a circular en redes sociales, un video que, si bien es cierto no confirma el dicho de la DEA, al menos posiciona en el imaginario colectivo la idea de que existe una alianza entre ambos grupos criminales, al mostrar a decenas de hombres que portan armas largas y uniformes tácticos, posar frente a las letras turísticas de Cacalotán, municipio de El Rosario, al tiempo en que gritan consignas a favor de Nemesio Oseguera alias el “Mencho” y de Iván Guzmán.
Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso bajo la lupa a una decena de empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hotelería en Sinaloa, que supuestamente lavarían dinero para los “Chapitos”. Eso significaría que todos los bienes y participaciones de esas empresas, que se encuentren en la Unión Americana o que estén en poder o bajo el control de ese país, quedarían bloqueados.
Y apenas este lunes, el Departamento de Estado del vecino del norte dio a conocer que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Crédito hipotecario da fuerza a vivienda usada
Con un 62.5% de las compraventas hipotecarias concentradas en vivienda usada, el primer trimestre de 2025 confirmó lo que ya es una tendencia: el financiamiento está impulsando con fuerza este segmento del mercado. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Financiera (SHCF), el valor de estas propiedades creció 8.3% a nivel nacional, superando incluso el crecimiento de la vivienda nueva.
Plataformas inmobiliarias como Tuhabi han sido clave en este movimiento, facilitando el acceso a inmuebles bien ubicados, a precios accesibles y listos para habitar. Con una tasa promedio del 11.65% y una creciente demanda por soluciones digitales, el crédito hipotecario se consolida como una herramienta vital para miles de familias mexicanas que buscan su primera casa. Y todo apunta a que la digitalización del proceso hipotecario solo acelerará este crecimiento.