Hace unas semanas conocimos el caso de Doña Carlota, quien junto con dos de sus hijos, fue vinculada a proceso por el homicidio de dos personas, cuando buscaron hacer justicia por propia mano al ser despojados de un inmueble en Chalco, Estado de México. Ahora en ese mismo asunto, a otras dos de las personas relacionadas con el despojo se les cumplimentó orden de aprehensión, por su probable participación en ese delito.
Esas muertes posiblemente se habrían evitado si la autoridad hubiera actuado con mayor celeridad pero, sobre todo, si existiera una penalidad más fuerte para quien cometa este delito, lo que quizá serviría para inhibir su comisión y sino al menos para pensarlo dos veces antes de cometerlo.
Al ser el delito de despojo un ilícito que en el papel no amerita prisión preventiva a menos de que existan elementos para pensar que los imputados cuenten con la capacidad económica o material para sustraerse de la acción de la justicia, que no cuenten con un domicilio formal, o que la autoridad considere que representan un riesgo, podrían enfrentar proceso penal en libertad y en caso de ser encontrados culpables, ser sentenciados en el peor de los casos a cinco años de prisión, mientras la señora Carlota podría pasar el resto de sus días en prisión.
Los casos de despojo, como éste del Estado de México, se repiten en diferentes entidades de la República Mexicana como la Ciudad de México, además de que, en un importante número como al que nos referimos, son cometidos por grupos dedicados a apropiarse de inmuebles o terrenos, como el denominado Sindicato 22 de octubre, el cual opera principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, Teotihuacán, Otumba, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco, así como en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años, en el país se han presentado más de 134 mil denuncias por ese delito, con un alto índice de impunidad y, por ende, pocas personas en prisión, razón por la que urge que desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se trabaje en una iniciativa para aumentar su castigo, ante la impunidad y el incremento de casos.
Donald Trump: del gran regreso al gran revés
Tras su segunda llega a la Casa Blanca, Donald Trump prometió llevar a la Unión Americana a una nueva edad de oro, bajo el eslogan “Make America Great Again”. En ningún momento el flamante presidente ocultó los métodos unilaterales a los que habría de someter a los países tradicionalmente aliados y amigos de los Estados Unidos a quienes sistemáticamente ha sujetado a la amenaza, la división y el chantaje.
Ebrio de poder, muy lejos de asumir la posición de un mandatario sensato, desde un principio Trump se erigió en un autócrata, un gobernante que ignorando a las instituciones se creyó con la autoridad para asumir todos los poderes del Estado sin respeto ni a las leyes ni a sus ciudadanos. Hoy, las consecuencias de sus actos desnudan el profundo desgaste institucional que ha sufrido la democracia de su país; los mecanismos de control llevados al punto de quiebre; las normas disueltas en decretos pasados por agua y la estabilidad económica inmolada en nombre de una utópica autosuficiencia.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el mandatario se excedió en su autoridad al imponer aranceles generalizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que deja sin validez la mayoría de los aranceles establecidos por Trump sin la aprobación del Congreso, entre los que se encuentran los llamados “recíprocos” y los impuestos a México, Canadá y China vinculados a déficits comerciales y seguridad fronteriza.
Algunos impuestos se mantienen, por ejemplo, los que involucran principios de seguridad nacional como el acero, aluminio y automóviles; o los que se centran en tácticas comerciales desleales, especialmente en el caso de China. Paralelamente la administración podría aplicar algunos otros aranceles de manera limitada (un 15% a lo largo de 150 días en el caso de déficits comerciales significativos).
La administración Trump cuenta con un margen de diez días para desmantelar los aranceles anulados y, aunque el gobierno ya adelantó que va a apelar la decisión ante la Suprema Corte, las posibilidades de éxito son pocas. Pese a estar dominada por jueces conservadores, ya un tribunal inferior basó su fallo en principios constitucionales fundamentales como la separación de poderes y el principio de delegación legislativa, argumentos sólidos y ampliamente respetados por los jueces de todas las banderas.
Bastaron poco más de cuatro meses para que se empezara a resquebrajar una estructura que carecía de cimientos. Donald Trump desvirtuó los aranceles como una medida puramente fiscal, para convertirla en una herramienta de presión geopolítica y económica y junto con ella no sólo su política comercial, sino el grueso de su política exterior se empezará a desgajar. Paralelamente el proyecto para rescatar la economía de Estados Unidos se fue al limbo. Junto a los recortes al gasto y recortes de impuestos, la aplicación de aranceles era su tercer eje.
Como los viejos tahures, Trump lo apostó todo y hoy tiene las manos casi vacías. Lo grave es que jugo con dinero ajeno y eso tendría que ser motivo de preocupación pasa los contribuyentes de su país.
Veracruz, Morena arrasaría; Durango, PRI y PAN resisten
Además de los comicios judiciales, este 1º de junio se llevarán a cabo elecciones municipales en Durango y Veracruz. Se eligen 39 y 212 presidencias municipales respectivamente, con sus correspondientes sindicaturas y regidurías, con escenarios interesantes.
Además de la violencia, que ha costado la vida de dos candidatos, hay otras peculiaridades en el caso de Veracruz, empezando porque Morena va en alianza con el Verde en algunos municipios, en otros cada uno va por su lado, y el PT va solo, por inconformidades en el reparto de las candidaturas en la coalición. Sin embargo, la salida del PT no incidiría en lo que se espera sea un triunfo de Morena con o sin el Verde en por lo menos 140 municipios, incluido el Puerto de Veracruz, conservando Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica. Las encuestas registran ventajas para el partido oficial de entre 15 y 20 puntos en esos municipios.
Por si fuera poco, Movimiento Ciudadano está en posibilidad de ganar entre 45 y 50 alcaldías y ubicarse como segunda fuerza en el estado, lo que dejaría al PAN y PRI con menos de 30 municipios, destacando la casi segura derrota del blanquiazul en el Puerto de Veracruz e incluso perder Boca del Río. Y para dejar claro que el clan de Miguel Ángel Yunes Linares no va a meter las manos, porque ni el PAN ni la gobernadora Rocío Nahle los quieren, han circulado las fotos de la familia paseándose por Madrid esta semana.
En cuanto a Durango, si bien no se ve arrasador como en Veracruz, todo indica que Morena-Verde y PT (ahí sí hubo coalición entre los tres) conservará los 15 municipios donde gobierna, y está en posibilidades de arrebatarle Gómez Palacio y Lerdo al PRI, mientras que se ve cerrada la elección en la capital, también gobernada por el tricolor, que en este proceso va en alianza con el PAN.
En conclusión, Morena se consolidaría como la principal fuerza política en ambos estados, sobre todo en Veracruz, donde PAN y PRI -otrora partidos gobernantes-, pasarían a tener una presencia muy mermada, y MC crecería considerablemente. En el caso de Durango, gobernado por el PRI, el crecimiento de Morena es menor, pero perfilando fuerte para las elecciones de 2028 y, en caso de que Antonio Ochoa retenga la ciudad de Durango para el PRI, se afianzaría como fuerte candidato oficial a gobernador. Por último, es evidente que la alianza Sigamos Haciendo Historia ha sido funcional y beneficiosa para Morena y el Verde, mientras el PT es una cuota que poco o nada aporta, y que se mantiene dentro porque fuera no tiene nada qué hacer.