No ha lugar ha sorpresa la determinación de la Corte Suprema que exime a fabricantes de armamento en Estados Unidos de cualquier responsabilidad en el tráfico ilegal de armas a nuestro país, mismas que terminan en manos de grupos criminales y que claramente son utilizadas para hacer frente a las fuerzas del Estado. De esta manera quedó desestimada una de las dos demandas emprendidas por México en contra de las principales compañías que lucran con la “seguridad”, un juicio por el que el gobierno de nuestro país aspiraba a obtener 10 mil millones de dólares.
Las acciones legales fueron presentadas por nuestro país durante la administración pasada, sin embargo, adquirieron mayor fuerza con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su demanda de frenar el tráfico de fentanilo a través de la frontera, una simbiosis que las autoridades estadounidenses sistemáticamente se han negado a reconocer.
De acuerdo a la Oficina de Alcohol, Tabaco , Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 80% del poder armamentista de los carteles de las drogas mexicanos provienen de artefactos fabricados en la Unión Americana, en un mercado que se nutriría anualmente de 200 mil armas incluyendo pistolas y rifles de asalto. Se estima en 1.4 millones el número de armas ilegales en nuestro país. Existen reportes de que en los últimos 20 años solamente se recuperaron el 8.6% de las que ingresaron de manera ilegal a México.
Pese a lo contundente de las evidencias, los jueces determinaron de manera unánime que no existen pruebas de que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego, a través de redes de traficantes. De esta manera, la Corte Suprema revierte la decisión de un tribunal menor que si había encontrado elementos para que el juicio avanzara.
Los tribunales estadounidenses brindan una protección legal muy fuerte a esta industria amparada por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que la deslinda de la mayoría de las demandas civiles cuando sus productos son utilizados en actos criminales, independientemente de que se hayan producido y vendido legalmente.
Paralelamente la industria armamentista goza de un firme respaldo político, particularmente del Partido Republicano y de grupos de poder como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), sumado a la simpatía de jueces federales nombrados recientemente.
La Corte Suprema de Estados Unidos es la última instancia judicial por lo que se esperaría que esta resolución fuera inapelable. Luego entonces las opciones para México se reducirían a acudir a tribunales internacionales más para darle una mayor visibilidad política al caso que para lograr la reactivación del juicio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció energicamente en contra de la determinación judicial y señaló que continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, a través de todos los canales disponibles.
Todavía permanece latente un segundo juicio en Arizona, con mayores posibilidades de éxito, ya que no involucra a fabricantes sino a distribuidores que estarían inmersos en el comercio ilegal de las armas. De ahí, la estrategia del gobierno federal deberá combinar acciones judiciales específicas, una diplomacia más agresiva y una mayor presión internacional que ponga en evidencia la corresponsabilidad de Estados Unidos en un mercado que ha favorecido la expansión, de una u otra manera, de los grandes carteles del narcotráfico.
Transporte: la infraestructura que nos une
Los sistemas multimodales de transporte -aéreo, marítimo y carretero-, unen al país y lo unen al mundo, y permiten consolidar a México como una plataforma logística de alcance global. Con esta visión, el Colegio de Ingenieros Civiles de México concluye hoy el “IV Nacional de Infraestructura del Transporte CICM 2025”.
En conferencia magistral, la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tania Carro Toledo, expuso los planes e inversiones en materia de transporte de la actual administración. En materia de infraestructura aeroportuaria, informó que se contempla una inversión total de 2025 a 2030 de 125 mil 609 millones de pesos para rehabilitación y ampliación de 62 aeropuertos con inversión pública y privada.
En cuanto a infraestructura carretera, para 2025 para esta administración se tienen considerados 372 mil 804 millones de pesos. La funcionaria detalló que, para todo el sexenio, se tienen 7 proyectos de inversión mixta de hasta 69 mil 493 millones de pesos, que contemplan un total de 769 kilómetros; además de la modernización de 7 autopistas con una inversión privada de 26 mil 414 millones de pesos para 289 kilómetros. Por último, en inversión ferroviaria, dijo que se contemplan mil 311 millones de pesos para el periodo 2025-2030, para la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías férreas.
El que obedece no se equivoca
Pareciera que a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, poco le importó la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien a principios del sexenio señaló que los servicios de seguridad y salvaguarda de la mayoría de instalaciones nacionales, debería quedar a cargo del Servicio de Protección Federal, en sustitución de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial o cualquier otra empresa de seguridad.
Resulta que los museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dependiente de la Secretaría de Cultura, continuaron con el resguardo de la Policía Auxiliar desde el primero de enero hasta el 30 de mayo pasado, fecha en que se anunció el cierre de dichos espacios, operados por la federación, hasta en tanto concluyera el procedimiento de licitación para la contratación de una empresa de seguridad.
Recintos como el Castillo de Chapultepec, la Galería de Historia Museo del Caracol, el Templo Mayor, así como los museos de El Carmen, el Nacional de las Intervenciones y el Museo Nacional de Antropología e Historia, el cual por cierto recibió esta semana el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, cerraron durante cinco días, ante la sorpresa de miles de visitantes nacionales y extranjeros, quienes vieron afectada su visita por un engorroso tema burocrático.
Para quienes conocen los llamados de atención de la Presidenta Claudia Sheinbaum queda claro que el jalón de orejas debió ser particular, para que a menos de un día de que se generó el escándalo, los recintos culturales reabrieran de nuevo y ahora sí se pusiera en consideración el posible resguardo del Servicio de Protección Federal.
La pregunta es ¿Qué necesidad tenía Claudia Curiel de enfrentar esta situación si desde el principio hubiera acatado la “orientación” de su jefa?