Luego de que un tribunal colegiado ordenó a Grupo Elektra pagar al erario otro adeudo fiscal, en este caso cercano a los dos mil millones de pesos, es inevitable pensar que, de nueva cuenta, se generará un ataque del empresario Ricardo Salinas Pliego en contra del gobierno federal, lo que indudablemente alimentará la rivalidad entre el poder gubernamental y el dueño de Grupo Salinas.
La disputa con las autoridades federales inició a mediados del sexenio pasado, después de que la supuesta amistad entre Salinas Pliego y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se rompiera, una vez que el empresario no se vio favorecido con la exención de impuestos y el Sistema de Administración Tributaria le requiriera el pago de diversas obligaciones fiscales pendientes.
Lo que alguna vez fueron halagos o deferencias entre ambos, poco a poco cambió de tono hasta convertirse en descalificaciones. Por un lado, la administración del político tabasqueño se empecinó en señalar una y otra vez que los privilegios para los grupos del poder habían terminado, como en el caso de la exención del pago de impuestos a cambio de donaciones de gran calado, mientras que del lado del propietario de TV Azteca los calificativos negativos hacia la 4T subieron paulatinamente de nivel.
El también dueño de Total Play se transformó día a día en un detractor absoluto del sistema del poder en turno y acuñó términos como “gobiernícolas”, “comunistas” o “morenacos”, para convertirlos en parte de una estrategia que construye un antagonismo en contra de la Cuarta Transformación, apoyada del hartazgo hacia el régimen que nos gobierna desde el sexenio pasado.
Luego entonces, más allá de la molestia que pudiera generarle el pago de impuestos, ¿cuál es la estrategia que tiene Ricardo Salinas Pliego? ¿A dónde quiere llevarnos con la generación de odio hacia el gobierno federal? ¿Acaso se trata de la construcción de una candidatura? Son preguntas que solamente el tiempo nos contestará.
Pero mientras eso ocurre, los hechos hablan por sí solos. Todo el aparato financiero, jurídico, mediático y comercial con que cuenta Ricardo Salinas Pliego tiene las baterías dirigidas en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum para atacarle sin tregua y sortear lo que el empresario ha denominado una “batalla cultural”.
EU: los altos costos de un presidente impredecible
Desde el 20 de enero que asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, respaldado por una clara mayoría en el Colegio Electoral, el gobierno de Donald Trump ha ido quedando tatuado por una serie de polémicas decisiones que atraviesan por temas torales como el económico, migratorio y de política exterior, los cuales han tenido un impacto directo en su nivel de aprobación ciudadana.
Un sondeo de Gallup revela que Trump inició su mandato con una aprobación de 47%, alcanzando un pico de 53% en febrero según un reporte elaborado por CBS News/You Gov, una cifra mediocre que todavía reflejaba que el electorado se mantenía a la expectativa sobre sus promesas de campaña. El desencanto no tardó en llegar. Hacia finales de abril, al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno, los electores, no pertenecientes a su base electoral, le retiraron su voto de confianza colocándolo en un pobre 40% (ABC News) -el nivel más bajo para un presidente en ese periodo desde la Segunda Guerra Mundial- con un nivel de desaprobación de 55%, un descenso no imputable a un único error, sino a una cadena de fallas que empezaron a afectar a sus gobernados.
La imposición de una política arancelaria y el regreso a un régimen comercial proteccionista fueron los primeros avisos. La salvaguarda de los empleos industriales locales no fue un argumento lo suficientemente sólido para convencer al 73% de los consumidores, que respondieron a una encuesta de Reuters/Ipsos, en la que consideraron que los aranceles encarecerían los productos reflejando una posición escéptica al tiempo que empezaron a surgir los primeros temores acerca del impacto inflacionario del alcance de estas medidas.
Acciones “efectistas” como la intensificación de deportaciones redadas y despliegue militar en la frontera sur reactivaron la imagen de “política dura”, sin embargo, no resultaron precisamente populares. Hace apenas una semana una encuesta de Pew Research revelaba una amplia división ideológica con relación a este tema. El 78% de los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas aprobaba este enfoque; en contraste el 81% de los demócratas lo rechazaba. En términos generales el 65% estaba a favor de la permanencia de los indocumentados inscritos legalmente en programas gubernamentales.
En algo está de acuerdo por lo menos el 50% de la población: el presidente ha abusado de su poder a través del reiterado uso de órdenes ejecutivas con las que se vulnera al Congreso y coloca a Trump en una posición cercana a un régimen autoritario. Los bombardeos a Irán son una buena muestra de esto en donde el mandatario no se dignó consultar a los legisladores (de mayoría republicana) y se lanzó a una aventura con solo 36% de respaldo reactivando los temores de una nueva guerra en Medio Oriente. Quería aparecer como un líder fuerte y terminó acentuando su imagen de impulsividad lo que debilitó su credibilidad.
Los niveles de aprobación de Trump se han estabilizado en torno al 40% con una desaprobación superior a 50%. No hay signos de un apoyo consolidado sino se muestra el reflejo de la polarización por él sembrada. Trump goza de una base incondicional pero inamovible en donde no se vislumbran elementos para un cambio en la percepción, salvo casos que pudieran calificarse como excepcionales.
Si bien su base permanece firme, Trump gobierna sobre un país cada vez más polarizado y con menor margen de maniobra para generar consensos. Bajo este telón de fondo, las elecciones de medio término serán no solo una evaluación de su gestión, sino un referéndum sobre su estilo de liderazgo.
Desaparecer la cuota plurinominal
El martes pasado, Claudia Sheinbaum recordó que estaba pendiente la reforma electoral, precisamente a raíz de una revisión a la votación de la elección judicial que plantearon consejeros electorales, decisión en la que no estuvo de acuerdo la mandataria. Cabe recordar que, de aquel paquete de 20 iniciativas que anunció López Obrador el 5 de febrero del 2024 y para lo cual promovió con éxito el llamado Plan C, sólo quedó pendiente la electoral, la cual la entonces presidenta electa dijo que posteriormente enviaría una iniciativa propia. La decisión fue prudente, dado que el INE tendría la complicada tarea de sacar adelante la elección judicial en menos de diez meses, lo que sería imposible con un cambio institucional simultáneo.
Entre el martes y el miércoles, Sheinbaum dio algunas pistas de lo que contendría la reforma, coincidentes con la iniciativa lopezobradorista: reducir presupuesto al Instituto, elección popular de consejeros electorales, reducir el financiamiento público a los partidos y eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. De esta última, el miércoles precisó que sería sustituir los plurinominales por legisladores de primera minoría, es decir, que entrarían los candidatos que queden en segundo lugar del ganador en distritos o estados, dependiendo de si son diputados o senadores.
Con ello, desaparecen las famosas listas de plurinominales, que en los hechos son cuotas para que los partidos coloquen a quienes quieran en cualquiera de las Cámaras, sólo por el hecho de que el partido alcance la votación necesaria para que entre el número de legisladores en el orden de las listas. Se trata de 200 diputados y 32 senadores que no hacen campaña, pero que paradójicamente, de los cuales, casi siempre, salen los coordinadores de bancada, presidentes de comisiones, JUCOPOs y de las Cámaras.
Ya se verá en su momento a detalle la iniciativa y seguro habrá aspectos cuestionables, pero ya es buena noticia la reducción del número de legisladores, al eliminarse a aquellos cuyo único mérito es haber sido palomeados por la dirigencia de su partido, y hasta por ahorro de sueldos y canonjías de diputados y senadores, además de su séquito de asesores. Porque tener 500 diputados y 128 senadores ha demostrado que no se legisla más y mejor, ni representa mejor a la ciudadanía. Probablemente sea lo mismo con sólo 300 diputados y 96 senadores, pero por lo menos que será menos oneroso.
Buscar casa en la era digital
Buscar vivienda ya no empieza, necesariamente, en una calle o en un diario sino en nuestra propia computadora. Hoy no basta con buscar casa: hay que saber en dónde encontrarla, cómo aparecer, pero sobre todo cuánto debemos invertir para potenciar su visibilidad. En ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la digitalización del mercado inmobiliario -lejos de cerrar brechas-, está dejando fuera del mercado a quienes más lo requieren, simple y sencillamente porque lo que no se difunde es en términos prácticos como si no existiera.
Un reporte dado a conocer por el portal inmobiliario Propiedades.com es más que elocuente. Tan sólo en la Ciudad de México, más de la mitad de las propiedades ofrecidas en línea pertenecen a los segmentos Residencial y Residencial Plus. En Monterrey, el 64% del inventario digital está enfocado a desarrollos premium, mientras que la vivienda económica apenas si levanta la mano. Guadalajara ofrece un panorama menos dispar, aunque aún insuficiente para hablar de un equilibrio, que tendría que ser lo deseable. Nada para sorprenderse, la tecnología es más accesible para aquellos que tienen una mayor capacidad para aprovecharla y el sector inmobiliario no se encuentra fuera de esa norma.
Hoy el 63% de la oferta en línea la acaparan los grandes intermediarios mientras que los propietarios particulares apenas si aportan un 10%. La digitalización, en vez de democratizar el acceso a la vivienda, ha sofisticado las barreras de entrada. Para poder acceder a este selecto club se necesita asesoría técnica; herramientas profesionales y presupuesto para competir por atraer la atención.
En su diagnóstico, Propiedades.com reconoce este desafío y apuesta por la construcción de un mercado más accesible, transparente y equitativo. Sin embargo, lograrlo implica más que voluntad empresarial: requiere reducir las barreras tecnológicas, visibilizar las zonas históricamente excluidas y empoderar a quienes hoy no cuentan con las herramientas para competir con las plataformas inmobiliarias. Democratizar la vivienda es un reto que no sólo requiere de una educación digital más amplia sino también de plataformas comprometidas con la inclusión.