Un motociclista lesionado, con su moto y su mochila de repartidor tirada, espera junto a un policía a que llegue la ambulancia del ERUM, a pesar de que una ambulancia privada se detuvo, pero que tuvo que seguir su camino porque, obviamente, cuesta.
En la Ciudad de México circulan unas 800 mil motocicletas, de las cuales el 70% corresponden a repartidores y de carga, según estimaciones de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi). Datos de la misma dependencia, señalan que en el primer trimestre de 2025, en la Capital del país hubo 111 personas fallecidas en accidentes de tránsito de los cuales 54 fueron motociclistas, un 48.6 %, es decir, 5 de cada 10.
Las estadísticas no nos precisan cuántos motociclistas fallecidos o lesionados eran repartidores, pero no extrañaría que un alto porcentaje corresponda a este sector, con las consecuentes pérdidas materiales y, más importante, afectaciones humanas propias y/o de terceros, que representan un incremento en el uso de sistemas de salud públicos, al no contar con seguros contra accidente en su mayoría.
Estos datos deberían ser razón suficiente para reforzar las acciones de seguridad vial de quienes conducen una motocicleta como parte de su trabajo, entre ellas que cuenten con seguridad social. Sin embargo, si bien todos quieren tener los beneficios de esta última, no todos quieren pagarla, empezando por las empresas aplicaciones, ni los beneficiados en que se les descuente.
La semana pasada, repartidores y conductores se manifestaron en calles de la ciudad y lograron una mesa de diálogo con Gobernación, algo tardío, pues este lunes entra en vigor la reforma laboral para trabajadores de aplicaciones digitales, quienes actualmente reciben el trato de “socios” por parte de las Apps. Dicha reforma les permite tener seguridad social, indemnizaciones, participación de utilidades, responsabilidades por parte del patrón (es decir, las Apps) y causas de rescisión. Todo está bien, el pero es que el ex socio, ahora patrón, les haría los descuentos correspondientes, como la cuota del IMSS.
Si bien argumentan la afectación a la flexibilidad, independencia de su trabajo e inexistencia de relación laboral, en el fondo se trata de una disminución de sus ingresos los cuales dependen del número de entregas o viajes que realicen, lo cual los beneficiados no están dispuestos a aceptar, aunque implique una seguridad social que sólo valorarán cuando la necesiten -sobre todo repartidores en moto y bicicleta, sin vehículos asegurados-; ni las empresas lo quieren por ir en contra de su modelo de negocio sin responsabilidades laborales con sus afiliados. Sin embargo, si no lograron impedir su aprobación, menos su entrada en vigor. Veremos cómo impacta en el mercado de las Apps, en el laboral, y hasta en los accidentes de tránsito.
Lejos de solucionarse el paro judicial
El paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México en demanda de un aumento salarial suma más de dos semanas y no se ve para cuando pueda resolverse, ya que tanto los trabajadores como las autoridades del tribunal capitalino no muestran la voluntad suficiente para resolverlo.
Por un lado, los quejosos cada vez demandan más prerrogativas, pese a ser los trabajadores de la ciudad que mejores prestaciones laborales tienen. Cuentan con estímulos económicos por antigüedad, por el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día Internacional del Hombre, por maternidad, así como apoyos para útiles escolares, lentes y vales de despensa, además de aguinaldo, pagos de defunción, y en algunos casos, compensaciones extraordinarias, además de vacaciones como si fueran estudiantes, es decir, en semana santa, verano y navidad.
Y si eso parece poco, durante la pandemia por COVID-19 el Tribunal Superior de Justicia capitalino cerró casi por completo sus puertas, con excepción de los juzgados penales que debieron aplicar un sistema de guardias para casos urgentes y con detenido, lo que no ocurrió por ejemplo en la fiscalía capitalina donde solamente el personal vulnerable se fue a casa y el resto del personal sustantivo siguió trabajando al pie del cañón.
Al otro lado de la moneda, pareciera que a la Presidencia del Poder Judicial capitalino no le interesa mucho resolver el asunto. La poca empatía que ha mostrado en este tipo de conflictos su titular, Rafael Guerra Álvarez, no ha ayudado mucho a desactivar demandas que podrían ser resueltas sin necesidad de que escalen como ahora.
Basta recordar que hace un par de años, se registró otro paro de labores debido a que, a “alguien” en el tribunal, se le ocurrió la brillante idea de tomar los fondos que correspondían al pago de vales de despensa de los trabajadores, justo el día en que se pagó dicha prestación, ya que hubo casos que sí pudieron hacerlo válido y otros más que hasta con carrito lleno en el supermercado hicieron el coraje de su vida al no tener fondos en la tarjeta utilizada para ese fin.
En lo que no reflexionan ambas partes es que la ciudadanía, que paga sus impuestos formalmente, es la más afectada con el paro de labores, ya que todo tipo de litigios, ya sea civiles, familiares, arrendamiento o penales, con excepción de casos urgentes, están totalmente detenidos y de seguir así las cosas, se complicará aún más en septiembre próximo, cuando se lleve a cabo el relevo de jueces y magistrados que llegarán en cero a conocer de dichos temas.
Puebla: censura enmascarada
Muy cuestionadas han resultado la reforma de ciberseguridad y la Ley Villegas promulgadas hace unos días en Puebla, cuyo propósito, en teoría, era proteger los derechos en el entorno digital y regular éticamente el ejercicio del periodismo, pero que, con su ambigüedad, lejos de alcanzar los objetivos planteados, amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los poderes del Estado.
En su planteamiento, las dos legislaciones son indudablemente legítimas, sin embargo, su redacción es maniquea dejando abierta la puerta a la reactivación de vicios del pasado que durante décadas fueron utilizados para obstruir la labor periodística como son los proscritos delitos de injuria, calumnia y difamación.
Pero vamos por partes, la Ley de Ciberseguridad tipifica el delito de ciberasedio, el cual castiga con penas de uno a tres años de cárcel a quien difunda mensajes reiterados por medios digitales que generen hostigamiento, miedo, angustia, humillación o afectación emocional en la víctima, conceptos difíciles de medir objetivamente, lo cual fácilmente puede conducir a abusos o sanciones contra criticas justas, particularmente hacia figuras públicas.
Sanciona también el espionaje digital a quien acceda sin autorización a sistemas informáticos o bases de datos de personas, empresas o instituciones. Muchos reportajes tienen su origen en documentos filtrados, fuentes anónimas o información obtenida sin permiso explícito (contratos públicos, bases de datos, chats de funcionarios). Un periodista podría sin ningún problema ser acusado de espionaje digital por ejercer su labor de investigación. Pegasus, Panamá Papers o la Estafa Maestra son casos que pudieron haber sido objeto de una persecusión penal si hubieran sido sometidos a una ley como esta.
Al igual que la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo en Puebla (Ley Villegas) peca de las mismas faltas y omisiones. Se penaliza la difusión de información manipulada o falsedades con el fin de causar daño moral; se impone la restricción de divulgar información privada, incluso de servidores públicos, sin justificación clara; aún sin especificar penas concretas si remite a otros códigos para la aplicación de sanciones que podrían conducir a reporteros, articulistas o columnistas a prisión.
Amnistía Internacional México publicó en sus redes sociales una serie de mensajes en los que apunta a la ambigüedad con la que se redactó la reforma y los riesgos que esto implica para la libertad de expresión. De igual modo, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la libertad de expresión incluyendo los considerados “delitos de honor”
Como ya es usual, Morena, que domina el congreso local, envio apresuradamente las leyes al gobernador, Alejandro Armenta Mier, quien al parecer no se tomó la molestia de revisarlas antes de su publicación.
La nueva era inmobiliaria
En menos de cinco años, México se ha posicionado como uno de los ecosistemas proptech más activos de América Latina. Hoy operan más de 112 plataformas digitales enfocadas en compraventa, renta y financiamiento, y casi el 60% de ellas nació en este mismo periodo. En este entorno, la vivienda usada ha ganado terreno gracias a modelos más ágiles y accesibles. Ejemplo de ello es Tuhabi, plataforma inmobiliaria que en el primer trimestre de 2025 reportó un precio promedio de 1.2 millones de pesos, por debajo del promedio nacional de 1.86 millones.
Con una operación basada en inteligencia artificial, velocidad y transparencia, Tuhabi ha logrado escalar sin perder de vista la rentabilidad. Más del 40% de sus operaciones ya están optimizadas por Inteligencia Artificial, lo que ha impulsado la productividad y la toma de decisiones informadas. En un mercado que exige resultados concretos, su modelo digital ofrece soluciones integradas que van desde la valuación y la gestión documental hasta el financiamiento, todo en una sola plataforma.
La revolución proptech en México no es promesa: es presente. Y en este presente, quienes entienden al usuario, dominan la tecnología y priorizan la eficiencia están definiendo cómo se venderá y comprará vivienda en los próximos años.