A propósito de las declaraciones de Hugo Aguilar Ortiz, quien casi es un hecho que será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre que no usará la toga magisterial durante las sesiones del pleno del máximo tribunal del país, pareciera que se olvida que el sentido de utilizar dicho atuendo lleva consigo un simbolismo institucional más de allá de tratarse de un simple capricho.
Y es que, según Aguilar Ortiz, no usará dicho vestuario a petición de comunidades indígenas además de que no desea convertirse en un “funcionario tradicional”, lo que de ninguna manera tendría que ver con el atuendo que porte, sino más bien con su labor como ministro de la corte.
Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que el uso de la toga no define a un buen juez, pero cabría señalar que no usarla tampoco garantiza que su desempeño sea institucional.
El uso de la toga magisterial deriva de un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el jueves 8 de mayo de 1941, que consta de dos artículos y un transitorio, donde se señala que los ministros de la SCJN deberán vestirla cuando concurran a las audiencias.
A lo largo de los años, dicha prenda adquirió un simbolismo institucional que hace visible la respetabilidad o solemnidad de quienes tienen a su cargo la enorme responsabilidad de interpretar la Constitución, al tiempo en que les recuerda su deber de no desvirtuar los fines del derecho y la justicia.
Los simbolismos han formado parte fundamental de las instituciones a través de la historia. Es el caso de la investidura presidencial, la bandera, el escudo, el himno nacional y muchos otros. Su uso, como bien señala la presidenta, no define el buen desempeño de un gobierno ni de una autoridad, pero sí le otorgan legitimidad e identidad. No son un berrinche ni deben ser utilizados a conveniencia de alguien.
El legado del Ingeniero
En México, cuando en política se hace referencia al Ingeniero, inevitablemente se piensa en Cuauhtémoc Cárdenas, quien este 2025 cumple 68 años de ingeniero civil, 50 de los cuales ha dedicado a la política aunque, como reconoce él y quienes lo conocen, su profesión siempre ha estado presente en su visión de vida y de la política, en la forma de razonar y trabajar, de entender y solucionar los problemas. A decir de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Batel, su padre sabe bien que no se puede tener éxito ni en la ingeniería ni en la política si no se tiene primero un proyecto.
La noche del pasado jueves, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), otorgó el reconocimiento “Ingeniería civil y vida pública” a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en un evento donde el homenajeado estuvo acompañado de sus hijos, amigos y, desde luego, colegas.
Integridad y congruencia, coincidieron en destacar como cualidades del Ingeniero, al dirigir unas palabras Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex; Eugenio Laris, amigo desde la univesidad de Cárdenas, y Mauricio Jessurun, presidente del Colegio, coincidieron en destacar la integridad y congruencia del ex candidato presidencial.
Se trató de un evento emotivo, así como un llamado a la reflexión sobre la función de la ingeniería civil en la construcción del país y como herramienta de servicio público, además del legado de Cárdenas al México actual, con los caminos que abrió para la apertura política, la participación democrática y el rescate de la justicia social.
¿Inteligencia o vigilancia?
México se debate frente a la creciente necesidad de contar con las herramientas necesarias para enfrentar a una feroz delincuencia organizada al tiempo que se confronta con los fantasmas de su pasado: gobiernos autoritarios que utilizaron el espionaje de Estado como un medio para perseguir a la disidencia política.
En ese contexto surge la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que contempla una maquinaria que interconecta instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno y permite la integración de bases de datos públicas y privadas (bancarias, biométricas, vehiculares, fiscales, telecomunicaciones, salud, etcétera), en una plataforma central de inteligencia, administrada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Hasta ahí todo suena bien, sin embargo, aguzando la vista se encuentran múltiples deficiencias, empezando porque para acceder a estas bases de datos no se requiere una autorización judicial previa, lo que abre la puerta a la utilización discrecional, por parte de las autoridades, independientemente del color que representen.
Paralelamente, la ley faculta a agencias civiles y militares a consultar, procesar y compartir información personal sensible sin una supervisión externa clara y sin controles efectivos. No integra órganos de rendición de cuentas, ni siquiera contempla un sistema de notificación a las personas afectadas, lo que sin lugar a dudas debilita las garantías básicas que la constitución otorga a todos los mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum niega que esta legislación tenga fines de espionaje: “no espiamos a nadie, pero si queremos que disminuya los delitos”, afirmó, el problema es que mientras ésta ley no cuente con los candados apropiados, la posibilidad esta abierta, no dudamos de su buena fe, el problema es que esta legislación prevalecerá más allá de su mandato y quedará a la disposición, en un futuro, de alguien no tan bien intencionado que llegado el momento extienda sus usos.
Lo que es un hecho es que con tal cantidad de información y con la ayuda de las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la minería de datos, en cuestión de meses el gobierno mexicano estará en capacidad de tener una radiografía integral de cada uno de los ciudadanos, incluidas sus dolencias, historiales de pagos, cuánto dinero se tiene, desplazamientos, búsquedas en internet, publicaciones en redes sociales. De este tamaño la autoridad que se le está dando al Estado y el riesgo al que a partir de ahora estaremos sujetos.
En una nación con un amplio historial de persecuciones extrajudiciales valdría la pena preguntarse, ¿es esta le Ley que necesitábamos?
Inclusión auténtica en las organizaciones
En México, cada vez más empresas asumen con seriedad el reto de construir espacios laborales inclusivos, seguros y equitativos para todas las personas, sin importar su género, identidad, orientación sexual, edad, etnia, discapacidad, religión, condición socioeconómica o cualquier otra dimensión de la diversidad.
Para avanzar hacia una inclusión efectiva y estructurada, Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, propone cinco acciones clave para implementar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión efectiva y transversal: uno, diagnóstico interno constante y basado en datos, con encuestas de clima organizacional o auditorías de diversidad para diseñar estrategias inclusivas con base en evidencia; dos, promover programas de sensibilización continua, especialmente enfocados en líderes, mandos medios y áreas de recursos humanos.
En tercer lugar, políticas claras y beneficios equitativos, como cláusulas antidiscriminación, licencias parentales igualitarias, políticas de accesibilidad o seguros médicos diversos; cuatro, fomentar la participación a través de comités de diversidad o grupos de afinidad y, no menos importante, cinco, coherencia entre el discurso y la práctica.