COPARMEX evalúa alcance de la reforma en materia regulatoria

Foto: Especial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestó su preocupación ante la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), actualmente en revisión por la Cámara de Diputados.

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La COPARMEX reconoció la necesidad de fortalecer el marco normativo en materia de prevención del lavado de dinero, pero subrayó los efectos que esta modificación podría generar en la operación de las empresas formales.

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La minuta enviada al Poder Legislativo plantea un crecimiento significativo en las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, entre las que se encuentran identificar y registrar a todos los clientes, incluso en el caso de personas morales, obtener datos de sus beneficiarios. También se exige monitoreo de operaciones y reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que incrementa el número de transacciones sujetas a supervisión.

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La propuesta incluye restricciones al uso de efectivo, lo que no refleja la falta de bancarización existente en múltiples regiones del país. La implementación de estas medidas requeriría inversión en sistemas tecnológicos, capacitación y servicios externos especializados, lo que representa una carga económica para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Reforma sin gradualidad ni incentivos

COPARMEX advirtió que aplicar la reforma sin considerar escalonamiento o incentivos podría poner en riesgo la continuidad operativa de miles de negocios. Las sanciones contempladas superan los 7.3 millones de pesos o podrían alcanzar el 100% de la operación reportada. La eliminación del requisito de dolo en ciertos supuestos habilita responsabilidades penales automáticas.

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La confederación propuso un modelo normativo proporcional y escalonado. También solicitó a los legisladores tomar en cuenta evidencia, diálogo y contexto empresarial durante la discusión. COPARMEX enfatizó que prevenir el lavado de dinero debe garantizarse sin afectar la viabilidad de quienes generan empleo.

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