El anuncio hecho por el gabinete de seguridad sobre la desarticulación de un grupo de la delincuencia organizada que operaba una red de huachicol en diversas entidades de la República Mexicana puso en tela de juicio las afirmaciones hechas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el problema había sido erradicado.
Las acciones realizadas por efectivos federales derivaron de la ejecución de 12 órdenes de cateo, en los que se detuvo a 32 personas, se localizaron armas de fuego, vehículos de alta gama y tractocamiones con semirremolques utilizados para el trasiego de combustibles, además de que se clausuraron dos tomas clandestinas y se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo.
Dichas operaciones dejaron en entredicho las afirmaciones de AMLO, además de que abrieron la posibilidad sobre la existencia de una red de complicidades por parte de servidores públicos. Este lunes, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que para la operación de una red de esta magnitud sería imposible que no existiera participación de funcionarios públicos.
De acuerdo con la información dada a conocer el pasado domingo, las investigaciones iniciaron hace seis meses, tiempo en el que las autoridades desarrollaron líneas de investigación respecto a la célula dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo que operaba en la zona centro del país, con lo que fue posible ubicar a sus integrantes, así como diferentes domicilios donde se resguardaban y los predios que eran utilizados para guardar las unidades que transportaban el combustible extraído de manera ilícita.
Si bien el resultado de las indagatorias fue calificado como un éxito, su ejecución da pie a la probabilidad de que existan complicidades y seguramente otros grupos dedicados a ese delito, lo cual no sería de extrañarse. Lo que sí levanta dudas es porqué el ex presidente negó en tantas ocasiones la existencia del delito.
Cada que el ex mandatario tabasqueño era cuestionado sobre el tema, afirmaba que el huachicol había sido eliminado y descartaba cualquier hipótesis que pudiera dejar abierta la posibilidad de su existencia. Si es que su gobierno había emprendido una estrategia desde principios del sexenio para combatir el robo de combustible ¿Qué es lo que quería ocultar López Obrador? ¿Porqué no admitir que el problema aún estaba presente? ¿Será que era más importante cuidar su imagen que verdaderamente combatir el problema?
Conservación de carreteras, necesaria inversión permanente
El 75% de la carga terrestre y el 96% de los pasajeros que se movilizan en México lo hacen a través de carreteras y caminos. La Red Federal de Carreteras se compone de más 52 mil kilómetros entre la red lineal y las autopistas de cuota. Su conservación es fundamental e implica grandes retos, empezando por los recursos insuficientes para el mantenimiento, el incremento del parque vehicular, las cargas excesivas en el transporte, atención a emergencias por fenómenos meteorológicos y cambio climático, así como seguridad vial, pues la mayoría de los accidentes viales son responsabilidad de los conductores, no del estado de la carretera.
La falta de inversión en la conservación de la red carretera se traduce en un mantenimiento insuficiente y inadecuado, multiplica los costos futuros; genera inseguridad vial, mayores costos logísticos y riesgos por desastres naturales. Es por ello necesaria una planificación integral desde el diseño de las vías, que contemple mantenimiento y operación; así como reforzar la regulación y vigilancia del transporte, especialmente en lo referente a pesos y medidas, debido al impacto que tiene en el deterioro de las carreteras y en los accidentes.
En reunión con miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, David Omar Calderón Hallal, director General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), compartió que, para el final de la administración, con una inversión total de 87 mil millones de pesos, se tiene la meta de haber intervenido un total de 33 mil 310 kilómetros en la conservación de la red carretera federal, alcanzando una calificación de 60 por ciento de estado físico bueno y 40 por ciento regular. Para dar una idea, el estado de las carreteras federales con el que se recibió de la anterior administración fue de 32% bueno, 34% regular y 34% malo.
La meta es un compromiso con indicadores por año, e implica la conservación periódica, conservación rutinaria de tramos, reconstrucción de puentes y atención de puntos de conflicto. Incluso se contempla a adquisición de maquinaria de pavimentación, con la meta de que se cuente con equipo para cada entidad. De entrada, se están adquiriendo 30 trenes de pavimentación, de los cuales diez van al Oriente del Estado de México, y los 20 restantes a otras entidades, ya esperándose la entrega de las primeras 10 maquinarias en estos días.
Esperemos que año con año haya el recurso suficiente para alcanzar la meta.
Telecomunicaciones: otra reforma a la medida del Estado
Como una auténtica mascarada resultaron los foros que pretendían abonar a una mejora en la reforma en materia de telecomunicaciones, al final los legisladores prefirieron hacer a un lado las aportaciones hechas por los especialistas para dar curso a una ley diseñada a la medida de las exigencias del gobierno federal.
Ciertamente, hubo algunos cambios cosméticos para complacer a algunos sectores de la sociedad como es la desaparición del polémico artículo 109 que facultaba al ejecutivo a bloquear plataformas digitales, sin embargo, los riesgos se mantienen latentes tras una muralla de opacidad ya que, estratégicamente, se camuflaron la decisiones más cuestionables.
No es casual que las discusiones en el Senado se hubieran realizado en el más absoluto sigilo, no sólo en un periodo extraordinario sino en fin de semana, lejos del ruido mediático, para aprobar una ley que se presenta como un avance hacia la justicia digital y la democratización del espectro pero que en fondo deja múltiples vacíos que a la larga podrían abrir las puertas a medidas autoritarias y a una vigilancia de Estado.
La reforma deja mucho que desear. Preocupaciones son muchas, particularmente bajo la reiterada insistencia de mantener un registro nacional de usuarios móviles que incluya una geolocalización en tiempo real. Si bien es delicada la recolección de esta información, lo grave es que no se requiere de una orden judicial previa para poder acceder a ella. Así el pretexto de la seguridad será suficiente motivo para que el Estado pueda acosar a cualquier ciudadano. Un flashback a las épocas más deleznables del Partido Revolucionario Institucional y que nos llevó décadas erradicar.
Otro de los grandes lastres será la falta de autonomía de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ente que suple al Instituto Federal de Comunicaciones y que indudablemente estará sujeta a las designaciones y lineamientos del Ejecutivo, lo cual coloca en una encrucijada los acuerdos establecidos en el T-MEC que exige la existencia de un órgano regulador imparcial.
Con esta ley, la ATDT podrá interrumpir transmisiones o suspender servicios por conceptos tan ambiguos como pueden ser el “interés público” o la “seguridad nacional” ¿Quién será el responsable de supervisar las decisiones de un órgano tan relevante?
Esta ley de ninguna forma beneficia a la ciudadanía. Por el contrario la coloca bajo la lupa de un Estado empoderado que ya cuenta con los elementos legales no sólo para perseguir a la delincuencia como ha destacado, sino para hacerlo también con una disidencia incómoda.
Todavía la reforma deberá pasar por la Cámara de Diputados en donde el partido oficial ya da por descontada su aprobación.