Frente a la imposibilidad de comparar los contundentes resultados con los que se convirtió en la primera jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum se vio en la triste necesidad de equiparar la magra participación de votantes en la elección de jueces y ministros, con los votos obtenidos por el PAN o por el PRI en las elecciones generales de 2024. La pobreza reflejada en el bajo número de sufragantes arrastró incluso a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a confrontar los resultados con uno de los grandes fracasos del Andrés Manuel López Obrador: el juicio a los expresidentes.
¿Hablamos de un evento histórico? Por supuesto, que no nos quepa la menor duda, pero no necesariamente en un sentido positivo. Más allá de lo novedoso de un proceso prácticamente inédito a nivel global, también arrastra consigo implicaciones profundamente regresivas y, de paso, nos convoca a un debate urgente sobre los límites de la democracia participativa, particularmente en áreas tan sensibles donde la imparcialidad y los conocimientos altamente especializados tendrían que privar sobre la popularidad o las ideologías.
Lo que vivimos la jornada del domingo, desde el punto de vista jurídico, fue incuestionablemente legal. Tuvo la aprobación del Congreso; fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que queda en el aire es su legitimidad a la luz de la falta de consenso y aceptación social reflejado en las urnas. En una real democracia no es suficiente con cumplir la ley, la legitimidad se construye desde la participación, la generación de confianza y, por supuesto, una información fidedigna. No podemos soslayar el hecho que más del 85% de los ciudadanos con derecho a voto hubiera tomado la determinación de no intervenir.
No es de extrañar que un ejercicio que en la narrativa oficial defendía la democratización de la justicia termine socabando sus fundamentos. Lo que vimos el domingo fue una burla apenas digna de países como Venezuela o Nicaragua; candidatos con claras filiaciones políticas, respaldos partidistas e incluso echando mano de las viejas estructuras clientelares. Lo que atestiguamos fue todo menos una elección democrática.
Se abre un largo compás de espera en el que los nuevos juzgadores deberán adaptarse a su nueva circunstancia. No será fácil con miles de expedientes rezagados que deberán esperar hasta septiembre nada más para reiniciar su revisión por jueces y ministros inexpertos, más lo que se acumule. Tras un proceso desaseado desde sus inicios todo parece indicar que también la justicia se vestirá de guinda. En mucho dependerá del Ejecutivo que esta cambio trascienda la historia como un avance o termine como un retroceso que no habremos de olvidar.
¿Ungido por la democracia?
En medio de un marcado abstencionismo durante la elección judicial, se torna indispensable que los comicios llevados a cabo el domingo 1 de junio cuenten con elementos que le brinden algo de legitimidad, aspecto severamente cuestionado durante el proceso. Y legitimidad, es precisamente algo que podría aportarle la “unción” de un candidato llamado Hugo Aguilar Ortiz.
Licenciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, además de maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en ambos casos por la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Aguilar Ortiz encabezaba hasta la tarde de ayer los votos en actas computadas de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional Electoral.
Con un largo historial en la defensa de los derechos indígenas, pero nunca como litigante o jurista, el candidato se ha desempeñado como Subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, como Consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas, entre otros cargos.
Así es que nada mejor que un licenciado en derecho indígena, oaxaqueño, que no ha sido relacionado con partidos políticos y que cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los pueblos originarios, para ser ungido por la presidenta Claudia Sheinbaum como el modelo perfecto que otorgue a la elección esa legitimidad que tanto ha buscado.
De confirmarse la tendencia que le brinda a Arturo Aguilar Ortiz el mayor número de votos, el oaxaqueño sería nombrado presidente del máximo tribunal del país y al mismo tiempo podría ser ungido como “el candidato que por méritos propios fue democráticamente elegido por el pueblo bueno”. ¿A poco no esa sería la versión oficial?
El reto del agua de la frontera norte
A finales de abril, Donald Trump advirtió que aplicaría sanciones a México por el incumplimiento en las entregas de agua del Río Bravo, por lo que a la semana del amago, nuestro país entregó a Estados Unidos 90 millones de metros cúbicos de agua de afluentes del Río Bravo.
El desconocimiento sobre el Tratado de Aguas que data de 1944 ha sido motivo de críticas respecto a que el gobierno de México cedió a las presiones a pesar de la sequía y el bajo nivel de las presas implicadas en el acuerdo bilateral, el cual sigue vigente 80 años después de firmado, a pesar de que en ese entonces la zona fronteriza tenía 400 mil habitantes y actualmente tiene 15 millones, por no hablar del desarrollo económico de la región, mientras que sigue siendo la misma cantidad de agua de hace ocho décadas.
La realidad es de que, a pesar de las sequías que han habido, es un acuerdo benéfico para nuestro país, pues México recibe 4.5 veces más agua de la que entrega a Estados Unidos y puede llegar hasta cinco veces más, o puede no entregar y acumularse, si existen las condiciones que refiere el propio tratado, basado en estudios hidrológicos realizados por el ingeniero Adolfo Orive Alba, artífice del acuerdo. Sin embargo, actualmente México tiene un déficit en la entrega del agua, por lo que se están tomando medidas para cumplir con la cantidad de líquido adeudado y lo comprometido para el futuro.
Humberto Marengo Mogollón, subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en reunión con sus colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), planteó diferentes alternativas para cumplir con el Tratado: en el corto plazo, asignar a Estados Unidos mayor porcentaje del agua acordada en el tratado, lo cual ya está sucediendo en el acta 331; transferir a Estados Unidos agua propiedad mexicana de las presas internacionales, cabe señalar que ambas medidas ya se están aplicando, sin afectar el consumo humano y el agua para riego nacionales.
En el mediano plazo, tecnificar los distritos de riego; avanzar en la desalinización de aguas salobres provenientes del riego, y revisar el sistema de aguas subterráneas, surigió Marengo. En el largo plazo, el recién galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería Civil “Leandro Rovirosa Wade”, otorgado por la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, dijo que se tiene que reglamentar el uso de la Cuenca del Río Bravo; identificar nuevas fuentes de agua, ver la posibilidad de construir acueductos, y ahorrar agua en la zona de la frontera.