Un hecho violento que cimbró determinantemente las entrañas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue el ataque a tiros en contra de dos colaboradores extremadamente cercanos a Clara Brugada: su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su asesor, José Muñoz, quienes fueron privados de la vida la mañana del martes sobre Calzada de Tlalpan.
La noticia empezó a correr cuando, de manera por demás inusual, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se levantó de su lugar en la Mañanera del Pueblo y se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para mostrarle algo en su teléfono celular ante el semblante atónito y de sorpresa de su jefa. Minutos después, la presidenta Sheinbaum leyó un comunicado del Gobierno Capitalino donde se informaba de lo ocurrido, por lo que externó su solidaridad y ofreció todo el apoyo del Gobierno de México para llevar a cabo las investigaciones.
Un par de horas después, la Jefa de Gobierno emitió un mensaje, acompañada de su gabinete y de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien también tenía una gran cercanía con los servidores públicos que perdieron la vida. El mensaje de Brugada fue claro al asegurar que no habrá impunidad en los homicidios y garantizar que su administración mantendrá la lucha contra la inseguridad.
Para dimensionar la magnitud del hecho, habría que dejar clara la enorme cercanía que Brugada tenía con ambos. Ximena, más que una secretaria particular, coordinaba su logística, tomaba decisiones de peso y era su amiga entrañable; Pepe, como lo llamaban, era el cerebro de la narrativa y su opinión en temas de comunicación era indispensable para Brugada dada su notable inteligencia.
De ese tamaño fue la ejecución. Se trató de dos personajes que, si bien no eran secretarios ni titulares de dependencias, sí eran tomadores de decisiones e influían determinantemente en las acciones de la mandataria local. De ahí la necesidad y urgencia de que las autoridades capitalinas aten cabos pronto y encuentren a quien haya sido responsable de estos hechos, que sin duda enturbian la percepción de seguridad y generan un clima de inestabilidad, lo que a todas luces a nadie conviene en estos momentos.
40 horas: un consenso que se empieza a construir
Sentados a una misma mesa patrones, sindicatos y gobierno se animaron a crear un Consejo Nacional, Social, Económico y Ambiental que, más allá de toda retórica, busca abrir un espacio permanente de diálogo que ayude a construir soluciones conjuntas a los principales desafíos del país, empezando, por supuesto con los no pocos retos que aterrizan en el ámbito de su competencia como pueden ser la revisión del T-MEC, la transición a una economía más verde y más justa y la reforma laboral.
Por su inminencia, uno de los puntos más polémicos en puerta será el de la jornada laboral de 40 horas, uno de los compromisos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en su agenda sexenal. Todavía sin contar con el aval de los legisladores (algo que se da por descontado dado lo popular de la medida), el ejecutivo tiene ya una hoja de ruta muy clara que arranca con una ronda de foros en diversas ciudades del país organizados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, una vez que hayan pasado las elecciones en el Poder Judicial, a partir del 2 de junio y hasta el 7 de julio. Si todo va en orden la iniciativa muy bien pudiera ser discutida en el próximo periodo de sesiones en el Congreso en septiembre próximo.
La propuesta, muy aplaudida por los trabajadores y aceptada a regañadientes por los patrones de todos los niveles, representa una amenaza para la viabilidad de los micro y pequeños empresarios (y a los medianos en menor medida), quienes, por su reducido margen de ganancias, se verían imposibilitados a soportar el gasto que entraña la jornada reducida, por lo que la reforma contempla una implementación escalonada según la cual las grandes empresas contarían con un periodo de seis meses para su aplicación; las medianas un año y medio, las pequeñas dos años y las micro empresas hasta tres años y medio. La idea de Sheinbaum es que antes de finalizar su mandato las condiciones laborales en nuestro país se alineen con las de la mayoría de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.
Para alcanzar este propósito los patrones también tienen sus exigencias, entre las que destacan la necesidad de acompañar la reforma con políticas que fomenten la productividad y la capacitación laboral para así mantener el nivel de competitividad y ahuyentar el fantasma de la informalidad; estímulos fiscales entre los que se incluye la deducibilidad de 100% en las prestaciones a empleados; la revisión de contratos colectivos de trabajo que reflejen las condiciones reales de las empresas y mayor flexibilidad en la revisión de estos.
La OCDE recomienda a sus miembros jornadas laborales de 40 horas semanales fundamentado en que trabajar más horas no necesariamente equivale a ser más productivos; una jornada reducida favorece la convivencia familiar lo que se refleja en una mayor integración y una reducción en las desigualdades de género; abre espacios para nuevas plazas de empleo y reduce los niveles de estrés y vaya que hace falta, en su sondeo más reciente OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, reveló que el 75% de los mexicanos sufre estrés laboral agudo y el 27% ya crónico, la cifra más alta a nivel global y un foco rojo grande, grande.
Automotrices, aranceles y T-MEC
A inicio de semana, la Secretaría de Economía informó que el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez realizó una visita de trabajo a Japón, donde sostuvo varias reuniones con autoridades gubernamentales y representantes empresariales, entreo ellos de las automotrices Mazda, Nissan, Toyota y Honda, todas con plantas en México, un total de ocho, tres de ellas en el estado de Guanajuato. Entre las cuatro armadoras exportan cerca de 900 mil vehículos anuales, un 30 % de la exportación automotriz.
Apenas la semana pasada, Nissan dio a conocer un plan de reestructuración que incluye el cierre de 7 plantas y el despido de 20 mil empleados. A pesar de las especulaciones de que cerrarían dos plantas en México -sonando fuerte las de Aguascalientes-, todo parece ser que no será así, dada la importancia en la producción y exportación de autos que tienen las plantas, incluida la de Cuernavaca, para la que hay planes de producción de camionetas en 2026 para exportar a América Latina. Sin embargo, el problema de Nissan es más interno, lo de los aranceles sólo es una circunstancia externa que se sumó.
Por fortuna, el encuentro con los representantes de las automotrices fue para algo más que buenas intenciones. Coinciendo con ello, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó un decreto que otorga un trato preferencial en la aplicación de aranceles a automotrices ubicadas en México y Canadá, siempre y cuando presenten documentación que identifique la cantidad de contenido estadounidense en cada modelo importado a la Unión Americana, reduciendo los aranceles hasta en un 50 %. Sin duda un elemento para explicar a detalle a quien quiera escucharlo en la gira de trabajo a Japón.
Es buena noticia, pero la incertidumbre sigue ahí, tanto por lo que cada día se le ocurre a Donald Trump -quien a últimas fechas se ha calmado con sus “tariffs” a raíz del acuerdo con China-, como porque el futuro del T-MEC está por definirse a partir del segundo semestre de este año cuando inicia su proceso de evaluación, como lo anunció Marcelo Ebrard.
No se trata de menospreciar el trabajo del gobierno de México para mantener a las armadoras en México, al contrario, recurren a todos los recursos disponibles y, no hay que perder de vista, la decisión de quitar una fábrica -de lo que sea-, es más difícil que la de ponerla. Las grandes empresas ven a largo plazo, y la administración Trump es de cuatro años. Si después de la elección de 2028 se mantiene la misma línea proteccionista, entonces sí, ya estarán listos los planes de cierre y de traslado de producción a Estados Unidos.
Percepción de seguridad y mercado inmobiliario
En un país donde sólo uno de cada tres ciudadanos se siente seguro en su entorno —el promedio nacional de percepción de seguridad es de apenas 33.9%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2025—, la seguridad se ha transformado en una especie de “moneda de cambio” dentro del mercado inmobiliario.
Así lo revela el más reciente análisis del portal inmobiliario Propiedades.com, que cruzó más de 1.3 millones de inmuebles activos en su inventario nacional con los resultados de la ENSU. El hallazgo es claro: las ciudades que proyectan mayor tranquilidad a sus habitantes concentran también la mayor proporción de propiedades de alto valor.
No es coincidencia que San Pedro Garza García, con una percepción de seguridad del 83.4%, registre el 98% de su oferta inmobiliaria en los segmentos residencial y residencial plus, con viviendas que superan fácilmente los 2.5 millones de pesos. Sólo en este municipio, más de 5,200 propiedades activas se encuentran en el rango residencial plus. La tranquilidad, parece, es un lujo.
Esta tendencia no se observa únicamente en zonas de alto perfil corporativo. Saltillo, con 72.8% de percepción de seguridad, también concentra más del 60% de su inventario en rangos medio, residencial y residencial plus. Piedras Negras, con 72.7% de percepción positiva, ofrece un perfil interesante: uno de cada tres inmuebles está clasificado en el segmento medio o superior, con precios desde 990 mil pesos.
Los destinos turísticos no son la excepción. En Los Cabos, el 71.9% de los habitantes se siente seguro, y más del 70% del inventario activo está en los niveles más altos del mercado. Ciudades como Puerto Vallarta, La Paz y Los Mochis también replican esta lógica, consolidándose como polos atractivos para quienes buscan no solo belleza natural, sino también entornos serenos y confiables.
¿Qué nos dice todo esto? Que la seguridad no sólo es un derecho anhelado, también es un bien deseado que se refleja directamente en el precio por metro cuadrado. A pesar de que no puede hablarse de causalidad directa, el patrón es evidente. Un entorno percibido como estable no sólo atrae familias, sino también inversiones. Las zonas seguras se han convertido en polos de atracción para compradores nacionales e internacionales que están dispuestos a pagar más por la promesa de una vida con menor sobresalto.